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TABASCO  

El impacto económico de la catástrofe

Víctor M. Sámano Labastida
Difícil estimar las pérdidas por las inundaciones en Tabasco, en particular por la catástrofe declarada el 31 de octubre. La cifra más reciente dada por el gobernador de Tabasco, Andrés Granier, refiere daños por 90 mil millones de pesos; aunque cualquier monto resulta arbitrario –dado que hay efectos incuantificables–, el dato referido es equivalente a casi la totalidad del presupuesto estatal de los próximos cinco años.

 

 


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Demasiado dinero, para un gobierno que al inicio de 2007 reclamaba, precisamente, porque los recursos disponibles para este año eran insuficientes. Podría decirse que habrá asignaciones extraordinarias, como los 7 mil millones de pesos, que en un inicio anuncio el presidente Felipe Calderón para las tareas de reconstrucción.

Sin embargo, las propias autoridades estatales admiten que no habrá dinero que alcance para resarcir el impacto de un siniestro que afectó de manera directa a más de un millón de habitantes; cubrió el 70 por ciento de la entidad con agua, y dejó una estela de pánico e inseguridad. Tan sólo, en el sector comercio –el pequeño y mediano– se calcula que los perjuicios superan los 10 mil millones de pesos.

 

Economía Familiar

El impacto en la empresa tradicional tabasqueña formada por pequeños negocios familiares será a mediano y largo plazo, puesto que se trata del sector que ofrece un mayor número de empleos estables, siendo además un motor de la economía local.

A casi un mes de la catástrofe, el gobernador Andrés Granier señaló que por el daño a las empresas aproximadamente unos 25 mil asalariados estaban temporal o definitivamente sin empleos; inclusive durante los primeros días del siniestro la mayoría de las empresas ubicadas en las zonas que no fueron afectadas de manera directa tuvieron que laborar a su mínima capacidad porque muchos trabajadores quedaron atrapados en sus comunidades o enviados albergues distantes.

En el campo tabasqueño la situación es mucho peor puesto que la producción quedó “reducida a cero”, según los cálculos oficiales pues casi la totalidad de los cultivos y de la actividad agropecuaria quedó paralizada. Aunque cabe puntualizar que las estimaciones varían y se contradicen según las fuentes incluso gubernamentales.

En entidades como Veracruz los empresarios comenzaron a quejar de la creciente presencia de desempleados procedentes de Tabasco. Se puede adelantar que el efecto del desastre no sólo es de carácter estatal sino también regional, sin contar los costos nacionales por la reasignación de presupuestos.

De acuerdo con especialistas en temas de desastres, el costo de la reparación de los daños es altamente gravoso para la comunidad. Se afirma que por cada peso que se deja de invertir en la prevención se tienen que gastar entre 500 y mil pesos para la reconstrucción.

Un ejemplo escandaloso lo daría el hecho de que por no haber destinado unos 2 mil millones de pesos en la terminación del Plan Hidráulico (por lo menos en las obras que tuvieron que ser concluidas en 2006 durante los gobiernos de Vicente Fox y Manuel Andrade) ahora se debe cubrir una cantidad cercana a los 100 mil millones de pesos. 

De forma evidente se insistirá en el argumento del cambio climático para tratar de eludir responsabilidades en la catástrofe tabasqueña, pero cada vez resulta más evidente que las graves omisiones y la irresponsabilidad, cuando no la existencia de hechos de carácter delictivo, contribuyeron a provocar un mayor daño.

Como sea, uno de los principales retos –además del auxilio humanitario, por supuesto– que enfrentará la economía tabasqueña es devolver la confianza a los inversionistas en un momento en que esta entidad del sureste requiere de diversificar su modelo de producción dependiente, hasta ahora, de la industria petrolera en declive y anclada en un esquema de servicios.

 

vmsamano@yahoo.com.mx

 

Publicado: Año 2 / No. 16 / Enero 2008



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